La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, llevó a cabo un desalojo en la Puerta del Sol la pasada noche, poniendo fin a una acampada que comenzó el 26 de septiembre. La Delegación del Gobierno de España en Madrid indicó que esta acción culmina un proceso gradual que se había desarrollado desde el inicio de la acampada.
A lo largo de este periodo, la Delegación se centró en garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, así como en proteger a las personas y los bienes, mientras se buscaba recuperar el uso ordinario de la emblemática plaza madrileña.
Proceso de desalojo gradual
Desde el comienzo, la Delegación del Gobierno consideró que la permanencia en la Puerta del Sol estaba protegida por el derecho fundamental de reunión, dado que un grupo organizado de personas se había congregado con un objetivo reivindicativo. Esto llevó a la Delegación a solicitar a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara el ejercicio pacífico de este derecho.
La Delegación realizó una evaluación continua de la situación, con el apoyo de asesoramiento jurídico y actualizaciones policiales, para equilibrar el derecho de reunión con la seguridad pública y el uso común del espacio. Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, las intervenciones en reuniones deben ser graduales y proporcionales, siendo la disolución el último recurso.
Interlocución y comunicación
Durante el tiempo de la acampada, se mantuvieron abiertos canales de comunicación entre las fuerzas policiales y las administraciones locales, así como con asociaciones empresariales y responsables del transporte público. La Delegación también se comunicó con el “Sindicato de Inquilinas”, que había convocado la manifestación inicial, y con los representantes de los acampados.
Estas comunicaciones permitieron abordar situaciones de riesgo, como la protección de la fachada de la Real Casa de Correos y la limpieza de los respiraderos del Metro de Madrid. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, la situación se volvió más compleja, con la presencia de personas sin hogar y otros colectivos vulnerables que alteraron el objetivo inicial de la acampada.
Desalojo como último recurso
El 29 de octubre, tras no recibir respuesta a un aviso previo, la Delegación exigió el desmantelamiento de la acampada. A pesar de los esfuerzos de comunicación y de la retirada de algunas organizaciones participantes, algunas personas continuaron acampadas. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó sobre incidentes presuntamente delictivos en el área, lo que llevó a la Delegación a considerar el desalojo como una medida necesaria para restablecer el orden público.
Finalmente, tras un proceso gradual sin respuesta adecuada de los acampados, se llevó a cabo el desalojo en la noche del 2 de noviembre, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, siempre bajo criterios de proporcionalidad y atención a las personas vulnerables.